En un intento por hacer una revisión a la bibliografía nacional reciente en materia de conflictos, encontramos que el análisis peruano ha tendido a priorizar aquellos del tipo socio ambiental y de gobernabilidad. En realidad, esta gran división se ve opacada por la falta de rigurosidad con la que normalmente se nomina a los conflictos. Así, siempre que sucede un levantamiento en un distrito apartado de la capital y donde hay una empresa privada poderosa, inmediatamente se le asume como ambiental, cuando no necesariamente lo es o cuando este no es el tema de fondo.
Igualmente, en el caso de los conflictos de gobernabilidad, la miradas se han enfocado a un solo un tipo de situaciones, aquellas donde existe una probabilidad fuerte de revocatoria o donde hubo un intento de “justicia popular”. Esta asociación es comprensible, ya que cuando tales acciones han logrado su cometido, las consecuencias han sido muy fuertes –incluso, mortales- y han logrado concitar la atención nacional.
Las hipótesis para explicar este último tipo de eventos han girado ento
rno al proceso de descentralización reciente, el período de bonanza, el aumento del poder en las provincias, la fragmentación política, las pretensiones poder de líderes locales, la “cultura” de desconfianza,etc. Normalmente, tales explicaciones han tenido un correlato en el patrón de pobreza y lejanía de los centros administrativos que caracteriza a los lugares donde se han suscitado dichos conflictos.
Esta división aunque aceptable, es tremendamente reductora y no termina de explicar varios conflictos que se vienen dando. Por ejemplo, el caso de la reubicación del mercado de Piura y el de restricción de tránsito de los mototaxistas en Huaral. Ambos, tienen en común el desacato de una ordenanza municipal y el uso de la violencia exagerada de los ciudadanos para hacer valer su posición.
En estas dos situaciones, observamos que los conflictos no giran entorno a la revocatoria de una autoridad, pero pertenecerían al ámbito de la gobernabilidad en tanto no se puede ejecutar una ordenanza. Al menos, ese sería un enfoque.
El otro, estaría más allá del perfil de conflictos de gobernabilidad antes descritos. Es decir, no tendrían relación la distancia de los centros administrativos, tampoco con un período de bonanza, sino con un entendimiento de la ciudadanía particular. Uno que reconoce a la autoridad y hasta la reclama, pero sólo para ciertos contextos. Para otros, el tiempo, la experiencia y definitivamente el proceso histórico peruano le ha demostrado que es mejor que él –el ciudadano- sea el ordenador máximo.
Tal “orden” funciona sin problema, hasta cuando por alguna iniciativa, la autoridad decide incidir en un ámbito nunca antes regulado[1]. El ciudadano, que se siente el constructor y “dueño” único le hace frente, tratándolo de igual a igual. Es por eso, que no duda en valerse de herramientas que lo pongan a la “altura” de la autoridad. Por ejemplo, contratar “fuerzas de choque” para enfrentarse a la policía, buscar otros sectores del Estado que le brinden apoyo (para desarticular la posición oficial), etc.
Sin embargo, esto no quiere decir que este grupo de ciudadanos sean criminales, anarquistas o personas que rechacen la autoridad del gobierno local[2], pero sí han dejado de ver al Estado como ente decisorio último del orden social. Esta actitud podría estar relacionada – como bien se ha escrito- con los costos de la formalidad, con una corriente individualista de la ciudadanía contemporánea, etc.
Por el momento, sólo quisiera describir estos sucesos para que ya los lobos mayores se encarguen.
